Comentario
sobre el libro de los investigadores Ariel Barros Medina y Juan M. Dellacha, “Caso
crotoxina, una biografía social de la ciencia biomédica argentina”.
Dr. José
Luis Mainetti (Medico Oncologo)
El reconocido investigador Ariel Barros
Medina, a través de un exhaustivo trabajo investigativo, refleja en el ayer
resonante “caso crotoxina” la conflictividad social, política y
fundamentalmente ética de esta saga paradigmática de la ciencia médica de
nuestro país.
Después de casi tres décadas de la aparición
mediática del médico e investigador del Conicet, Juan Carlos Vidal, anunciando
la curación de ciertos tumores con
sustancias obtenidas de venenos de ofidios (crotoxinas A y B), aún no están del
todo acalladas las polémicas. Como bien recrea Barros Medina en la percepción
del ambiente político del año 86 en adelante, la crotoxina fue un “leading
case” argentino en cuanto a los alcances, objetivos y legitimidad de la relación
investigador-sujeto y del rol de la prensa en la defensa de los derechos del
enfermo. El miércoles 9 de julio de 1986, los médicos
Costa, Coni Molina y Hernández Plata, anunciaron que trataban exitosamente a
pacientes de cáncer con una droga curativa de muy bajo costo descubierta por el
científico argentino Juan Carlos Vidal, añadiendo que el director del instituto
de investigaciones científicas donde la droga era producida había dispuesto el
cese de la entrega a los pacientes a quienes, hasta ese momento, era entregada
gratuitamente. Esta novedad desató fuertes presiones tanto de los pacientes,
portadores del estandarte del principio de autonomía (inédito en nuestro
entonces fuerte sesgo paternalista médico), como de la comunidad científica,
azorada y molesta por la mediatización del caso y amparada en el viejo precepto
hipocrático de “primun non nocere” (primero no dañar, principio de no
maleficencia). No es casual, que la famosa tríada bioética de Georgetown de
fines de los 70 (principios de autonomía, beneficencia-no maleficencia y
Justicia), fuera el fruto de la Comisión Presidencial de los EEUU para dirimir
los aspectos éticos de la investigación biomédica en dicho país, luego de darse
a conocer casos atroces de experimentación en seres humanos no consentidos,
claramente violatorios de la doctrina de Nuremberg (1946) y Helsinsky (1973).
El consentimiento informado de los
pacientes afectados de tumores graves, era esgrimido por Vidal y colaboradores
como el elemento más determinante de la justificación ética de facilitar el
acceso a la crotoxina (aún en fase I de investigación). “En la primera etapa,
desde julio de 1986 hasta enero de 1987, el conflicto giró sobre la
recuperación de la droga por los pacientes quienes clamaron, amargamente, por
el despojo. En las etapas siguientes, 1989 a 1999, las autoridades de las
instituciones científicas restauraron la legitimidad del reclamo topando con la
oposición de la comunidad científica”. La eclosión el tema en tapas de periódicos,
programas de radio y Tv, obligó al poder político de entonces a formar sendas
comisiones vinculantes con reconocidos expertos, todo esto magistralmente
descripto al detalle con fundamentación bibliográfica y periodística aportada
por el autor. Antes que cualquier institución pudiese
analizarla, la noticia había tomado estado público “de manera sensacionalista y
espectacular”,Al día siguiente del anuncio ministerial de las
conclusiones de la comisión científica
presidida por el Dr Raúl Matera, en 1991,Roberto Estévez quien había integrado la Comisión de Oncólogos
declaró:“La crotoxina fue una fábula siniestra, hace un tiempo dije que este
asunto terminaría en el Nobel o en la cárcel”, concluyendo: “Hoy puedo afirmar
que al menos no terminó en lo primero”.
A diferencia de la verdad procurada y
alcanzada por su tarea científica, la pretensión de legitimidad de la comunidad
científica a regular las creencias sobre su obra desde y mediante los
laboratorios, fue sobre la preeminencia y dominio político en la sociedad.” La
lógica de la naturaleza, la eficacia terapéutica de la crotoxina, fue
transmutada en la lógica social del dominio de un grupo sobre otro mediante
ciertos instrumentos”.
En definitiva, el conflicto giró sobre el reclamo y la denuncia
del privilegio de una comunidad científica sobre una comunidad lega que
consideró ilegítimo que la ciencia biomédica se apropiase del cuerpo como de un
objeto, quitándole a los pacientes y familiares, aunque más no sea, la
esperanza de una mejor calidad de vida.
Como conclusión, además de recomendar
acabadamente la lectura de este esclarecedor libro, coincidimos con Barros Medina
cuando afirma: “la medicalización del dolor humano muta
al doliente en enfermo y al enfermo en paciente. El acto médico transforma las
comunicaciones sobre el bienestar personal del paciente en enunciados de hecho
que registran síntomas inscriptos en una semiología y formulan el diagnóstico
de una patología. La pericia terapéutica está vinculada a la dignidad del
paciente quien acata decisiones fundadas en la ciencia biomédica”. El caso
crotoxina demostró que el paciente se rebeló contra este modelo hegemónico y su
deseo, legítimo o no, como metáfora de la serpiente, se encaramó en el caduceo
(símbolo del poder médico), clamando por el respeto a sus derechos. (SIC- Es Copia Fiel)
La Plata abril 2013
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